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La historia de las fumigaciones aéreas en Colombia

Inicio de fumigaciones aéreas. En Colombia, sólo hasta 1978 se ejecutaron las primeras   aspersiones aéreas con el herbicida paraquat en la Sierra Nevada de Santa Marta. Las críticas en contra de éstas no se hicieron esperar y el mismo INDERENA - autoridad ambiental de la época - manifestó al Consejo Nacional de Estupefacientes su preocupación por la ejecución de dicha actividad y solicitó que “de acuerdo con el Código de Recursos Renovables y Protección del Medio Ambiente, se realizara un estudio ambiental previo.” 

En razón de la fuerte oposición interna y a que, a finales de los 70, el Congreso norteamericano prohibió al Gobierno de ese país apoyar programas de fumigación en el extranjero, el referido programa fue suspendido. Sin embargo, después de que esta prohibición fue anulada, en diciembre de 1981, durante el mandato del presidente Reagan, cuando se aprobaron 37.7 millones de dólares para la utilización de herbicidas en la lucha mundial contra el tráfico de drogas, el gobierno estadounidense empezó a ejercer presión sobre Colombia para que fumigara sus cultivos de marihuana. Si bien en un principio el gobierno colombiano rechazó la ayuda de los Estados Unidos - por cuanto había prohibido el empleo de herbicidas en el procedimiento de erradicación, en razón de su impacto negativo en el ambiente y la salud humana y animal -, luego del asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, el 30 de abril de 1984, se accedió a poner en práctica tal programa. Pocos meses antes, en enero de 1984, el Consejo Nacional de Estupefacientes –CNE - había solicitado al Instituto Nacional de Salud estudiar la propuesta de fumigar con Glifosato los cultivos  de coca y marihuana. Dicho instituto conformó un “Comité de Expertos en Herbicidas” para discutir las implicaciones sobre la salud que podía tener el uso de herbicidas como el Paraquat, el Glifosato y el 2,4 D en la destrucción de cultivos ilícitos por vía aérea.

Luego de su estudio, dicho comité, en informe presentado al Consejo Nacional de Estupefacientes el 14 de abril de 1984, decidió desaconsejar el uso masivo del Glifosato o de cualquier otro herbicida mediante aplicación aérea y recomendó la utilización de otros mecanismos de erradicación

A pesar de tal recomendación, como se mencionó, el Gobierno Nacional, en reunión de Consejo de Ministros del 22 de mayo de ese mismo año, autorizó el uso del Glifosato en la erradicación de marihuana y coca. No obstante, se impusieron ciertas restricciones al empleo del herbicida, referentes a su aplicación aérea y a la necesidad de hacer un monitoreo permanente. Además, ante la decisión del Gobierno de aprobar el programa de erradicación, el Grupo de Expertos en Herbicidas recomendó la constitución de un comité, compuesto por médicos epidemiológicos y toxicológicos, que se encargara del diseño y ejecución de un programa de Tóxico-vigilanciaen personas que pudieran estar expuestas al Glifosato por causa del programa de erradicación aérea.

Estos expertos reconocían que eran necesarios un tiempo prolongado y mayores recursos humanos y técnicos para la completa puesta en marcha de un programa de vigilancia epidemiológica. Así mismo, resaltaban la necesidad de que el país desarrollara su propia tecnología para análisis de Glifosato en muestras ambientales y biológicas, con el fin de desarrollar programas adecuados de vigilancia toxicológica y de seguimiento.

Ninguna de las anteriores recomendaciones fue seguida. Tampoco se cumplió con las condiciones impuestas a la ejecución del programa. A esta preocupante situación se sumó el alto número de denuncias formuladas por campesinos e indígenas, entre 1984 y 1986, sobre los daños producidos por los químicos utilizados en las fumigaciones sobre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá.

En recientes pronunciamientos del Gobierno, se ha informado a la comunidad mundial” la posibilidad “de que Colombia inicie la aspersión aérea de cultivos ilícitos en  sus parques naturales. Es así como la Ministra de Medio Ambiente en un debate ante el congreso de la república el 1º de junio de 2004,  Comisión Quinta del Senado, dijo que  si se daban ciertas condiciones, la erradicación de los cultivos de coca y amapola en los parques podía hacerse manualmente, situación que se agrava al  mencionar que la policía antinarcóticos dio a conocer un informe en el que “estima” los cultivos ilícitos en los parques en 10.431 hectáreas, es decir, más de el doble de la cifra aportada por el Simci (4.616 hectáreas), siendo esta la entidad encargada de  oficiar dichas cifra. En igual sentido, los periódicos nacionales registran entre sus noticias que los parques naturales serán aspersados en atención a las cifras  dadas por el análisis satelital del CIA en contraste con el sistema nacional de monitoreo, que registra una significante disminución en las hectáreas con cultivos ilícitos.( EL TIEMPO “Parques Naturales , otra vez en la mira de las fumigaciones, 27 de abril de 2005, pag 1-6). Es asi como el Presiente Uribe Vélez, anunció la inminente aspersión de los Parques Nacionales Naturales (PNN) y  Cinco meses después, el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) expidió la Resolución 028 de agosto de 2005 autorizando la medida, para que la Policía antinarcóticos , la ejecute en las áreas de los resguardos indígenas del Catatumbo-Bari.

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El Glifosato


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