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Grupos armados

Hechos:

También ha ocurrido la ocupación ilegal por parte del Ejercito Nacional en los resguardos y en los territorios ancestrales. Una de estas ocupaciones se hizo con cerca de 200 hombres fuertemente armados en el resguardo Catalaura (comunidad Caricachaboquira) durante una semana. En lo que constituye una infracción al Derecho Internacional Humanitario porque pone en riesgo a las comunidades, involucra a los indígenas en el conflicto armado, ocupa los resguardos que hasta esta fecha habían sido respetados por los actores armados y ahora con el actuar de la fuerza pública los convierte en campos de guerra, ya que los demás actores armados pueden llegar a tener combates.

El ejército nacional ha desarrollado acciones militares en la zona que ha provocado graves riesgos para la comunidad; verbigracia en junio de 2005, se desarrollaron enfrentamientos entre miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC EP y el Ejército Nacional, en zona rural de el municipio de Teorama, que dejaron como resultado la destrucción de parte de la cosecha de un miembro de la comunidad Barí así como la muerte de sus bestias de carga. Como producto de la ofensiva contra la subversión se instauraron desde 2004 prohibiciones para la movilización de alimentos y medicinas en la región (sumadas a la restricciones que por su parte implantaron las AUC) provocando así una crisis humanitaria cuyos efectos también fueron sentidos por la comunidad indígena que actualmente debe solicitar autorización al ejército para poder mover los alimentos a las diferentes comunidades, ello en las cantidades que a bien tenga autorizar el ejército.

Desde finales del mes de agosto de 2005 han habido bombardeos en diferentes áreas del resguardo Catalaura siendo muy frecuentes con la entrada de materiales a la zona del pozo Álamo I. Uno de esos bombardeos ocurrió el 8 de septiembre de 2005, día en el que miembros del Ejército Nacional ingresaron un carro tanque. Posteriormente, el día 27 de septiembre nuevamente, se presentaron bombardeos por parte del Ejército Nacional dentro del resguardo Catalaura (Caricachaboquira), el bombardeo ocurrió a media noche, a 150 mts de una vivienda de la familia Toro Martínez, y durante el 28 de septiembre en la zona montañosa del resguardo, los bombardeos se presentaron desde las doce de la noche hasta las horas de la madrugada. Estos hechos ocurren en la vereda el Brandy, Teorama dentro del resguardo Catalaura.

El día 30 de noviembre de 2005, estando la comunidad reunida en el resguardo Catalaura, cerca de 100 personas con acompañamiento de la Unidad de Parques Naturales, la Corporación Colectivo de Abogados Luís Carlos Perez y de otras organizaciones el  Ejercito Nacional entró al resguardo, ocho hombres fuertemente armados, llegaron hasta el sitio de la reunión en tres ocasiones a interrumpir la reunión, manifestándole al cacique que iba a aterrizar un helicóptero, primero dijeron que para descargar alimentos, luego  que el helicóptero necesitaba recoger heridos, en fin el cacique de la comunidad tuvo que salir de la reunión en tres ocasiones para decirles que no podían estar en el resguardo y que no dejaba aterrizar al ejercito. Estos hechos ocurren constantemente y ponen en grave riesgo la vida y la seguridad de las comunidades.

El día primero de diciembre de 2005 fue ocupado nuestro resguardo, Miembros del Ejercito Nacional ingresaron a la comunidad Caricachaboquira, poniendo en peligro nuestra comunidad, violando nuestra autonomía y territorio, estos pertenencias al  Batallón Ullar Numero 40 a mando del teniente Santos.

La comunidad indígena Barí, conocedora del territorio que ancestralmente hemos ocupado y considerando que los derechos que libremente hemos ejercido en nuestros territorios no pueden seguir siendo vulnerados, decidimos, en días posteriores a los hechos relatados en el numeral 5, transitar por sus territorios ancestrales y acudir al lugar donde se construyen las obras del proyecto Álamo I con el fin de verificar entre otros, su verdadera ubicación, pues consideran que el punto sobre el cual se expide la licencia ambiental no corresponde a la realidad, y de solicitar se respetaran nuestros derechos, en lo constituye una ocupación ilegal y violentad de su Territorio Sagrado para ello, acudieron una comisión de 25 miembros de la comunidad,  hombres, mujeres y niños. El día 9 de noviembre de 2005, rumbo al pozo Álamo I, y en las inmediaciones del área donde fue ubicado un helipuerto en la vereda Guadalupe, del corregimiento de La Gabarra, Municipio de Tibú, siendo la 1:15 p.m., recibieron disparos y ametrallamientos provenientes de los miembros del Ejercito Nacional, integrantes del Batallón Galán, V Brigada, bajo mando del capitán AMAYA, que custodian las propiedades e intereses de la Empresa ECOPETROL S.A. Estos hombres, además de disparar contra quienes abiertamente se encontraban en estado de indefensión, población civil, desarmados; procedieron a retener ilegalmente a  3 miembros de la comunidad que iban a la delantera de la comisión, los encañonaron, los sometieron a malos tratos, golpes, y les prohibían hablar su lengua propinándoles golpes a cambio. Nuestros hermanos Bari permanecieron en poder del Ejército hasta que los restantes miembros de la comisión que se dirigía al pozo, que esta ubicado en territorio ancestral indígena llegaron.

Igualmente, se han presentado constantes y reiterados señalamientos como guerrilleros, hostigamientos maltratos y atropellos constantes. Especialmente en  Puerto barranca,  donde se nos ha señalado y atropellados por el uso de su lengua.

El día 30 de abril de 2006, hombres fuertemente armados pertenecientes al  Ejercito Nacional de Colombia dentro de los cuales se encontraban individuos identificados como paramilitares que anteriormente operaban en la zona, hicieron presencia en jurisdicción de territorio indígena Bari reconocido legalmente como Resguardo Catalaura, ubicado en el corregimiento de la Gabarra, Municipio de Tibú en Norte de Santander – Colombia,  particularmente en  la comunidad  Caricachaboquira,  sin permiso de transito o permanencia de parte de las autoridades tradicionales indígenas, movilizándose en  el territorio  Bari y permaneciendo en él durante algún tiempo.

Posteriormente el día lunes 1 de mayo de 2006, cerca de las tres de la tarde y durante una hora aproximadamente tuvieron lugar fuertes combates en territorio indígena - resguardo Catalaura, sobre el Caño Brandy, causando temor y zozobra entre la comunidad indígena.  Igualmente sobre las 10.30 pm se realizaron varios sobrevuelos de helicópteros del Ejercito Nacional por territorio Bari reconocido legalmente, sin permiso alguno causando contaminación auditiva, provocando un estado permanente de  temor y zozobra entre las personas de las comunidades Bari.

Estos hechos realizados por el Ejercito Nacional de Colombia en compañía de las fuerzas paramilitares constituyen un desconocimiento a la autoridad tradicional de la comunidad Bari – el cacique de la comunidad - ,  violando la soberanía, autonomía y control territorial del que gozan legalmente los territorios, amparados por las leyes nacionales, la Constitución Política de Colombia y  los Convenios Internacionales ratificados por el Estado Colombiano.

El 12 de julio de 2006, a las 7:00 am un helicóptero de las fuerzas Militares, nuevamente, bombardea y ametralla territorios pertenecientes al resguardo Catalaura. Y esta situación, ha continuado hasta la fecha.

El año 2006 un Coronel del Ejército Nacional hizo una visita a la oficina de ASOCBARÍ ubicada en el municipio de Tibú, en esta visita ofreció disculpas por los hechos antes anotados y manifestó a los indígenas que estas acciones se ejecutaban para mantener la seguridad de los pobladores y les planteó que hicieran nuevas reuniones para establecer estrategias antisubersivas con la participación del pueblo Barí, en donde los indígenas cooperen con información de ubicación de los grupos guerrilleros y señalamiento de sus miembros.

La supervivencia del pueblo Barí esta siendo puesta nuevamente en riesgo, teniendo en cuenta, que su posición frente al conflicto armado desde siempre ha sido de absoluta neutralidad e imparcialidad y el ser obligados a trabajar con alguna de las partes del conflicto es vincularlos al mismo desconociendo sus características como sociedad civil y pueblo indígena protegido por el Derecho Internacional Humanitario.


El Estado Colombiano es el responsable de la seguridad, vida e integridad física del Pueblo Bari. La presencia de las Fuerzas Armadas  en complicidad con fuerzas paramilitares falsamente desmovilizadas, comprometen la existencia del pueblo barí por cuanto pretenden vincularlo al conflicto armado de manera forzada  cuando el pueblo Barí en repetidas situaciones ha manifestado su neutralidad.

Los hechos denunciados constituyen graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, pues la presencia de las fuerzas regulares del Ejercito Colombiano y las Fuerzas Paramilitares falsamente desmovilizadas,  en territorios ancestrales del pueblo indígena Motilan Barí, así como los combates en territorio indígena, ponen en riesgo la vida y la integridad física de los nativos, causan temor y zozobra para todos los miembros de sus comunidades, alternado la vida y costumbres que llevan en su territorio  y poniéndolos en riesgo para el desplazamiento forzado.

Los hechos antes resaltados  ya fueron puestos en conocimiento de El Defensor del Pueblo Nacional, a la Defensoría Nacional Delegada para Asuntos Étnicos, a la Defensoría del Pueblo   Regional de Norte de Santander, la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y Justicia,  a la Procuraduría Nacional delegada para Derechos Humanos y asuntos indígenas, la Procuraduría Departamental de Norte de Santander y la Personería Municipal de Tibú. Sin que se haya tomado medida alguna por parte de las autoridades para prevenir y evitar la vulneración de los derechos humanos del pueblo indígena motilón Barí.

Se registran, en consecuencia, bombardeos indiscriminados en el territorio, asesinatos, detenciones arbitrarias e ilegales; retenes, bloqueos,  quemas de casa, saqueos, robo de animales y electrodomésticos, daños a lugares sagrados, robo de equipo medico quirúrgico y daños a la salubridad del Bari, así como robo de material educativo y daños a escuelas, señalamientos.

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Sobre el sistemático desconocimiento de las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas y de sus derechos colectivos, UNICEF en su informe sobre la situación de las comunidades indígenas en su página 43 señala “sin su consentimiento los grupos armados de uno u otro bando, como también el ejército, han utilizado sus territorios. Las autoridades tradicionales indígenas han sido desconocidas por todos ellos y los dirigentes de las organizaciones indígenas han sido víctimas de todos los actores armados”.

Por su parte, las Naciones Unidas a través del informe del relator especial sobre la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas publicado a finales de 2004, tras la visita en marzo de 2005 del Relator Especial Rodolfo Stavenhagen, ha señalado la existencia de enormes riesgos para la supervivencia de las comunidades indígenas del país. En su informe se destaca la preocupación que generan las dificultades para la aplicación real de los avances logrados en la constitución del 1991 a causa de la postergación de los mecanismos necesarios para su implementación. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) que defina las Entidades Territoriales Indígenas (ETI)  continúa pendientes de aprobación en el Congreso. Además se señala con preocupación el esfuerzo desarrollado por el gobierno del presidente Uribe por recortar competencias a la Corte Constitucional y a la Acción de Tutela, únicas vías a través de las cuales se ha logrado la defensa de las comunidades indígenas.

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Exigimos

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